LA BIBLIOTECA DE SHEPHARD

Uno de los elementos aprendido en mis primeros días en la escuela de derecho, consiste en que todo estudiante debe hacer conciencia diferenciadora entre Ley, Reglamento, Decreto , Políticas, Normas Y Procedimientos.   En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, la correcta comprensión de la jerarquía normativa no es un asunto meramente académico, sino una condición esencial para la validez de la actuación estatal. La confusión entre ley, reglamento, decreto, políticas, normas y procedimientos suele generar distorsiones administrativas que, en la práctica, pueden derivar en ilegalidades. Por ello, resulta necesario precisar con rigor el alcance de cada categoría y su posición dentro del sistema jurídico: La base de todo el sistema es la Constitución , norma suprema que organiza el Estado y reconoce derechos fundamentales. A partir de ella se estructura el principio de jerarquía normativa , conforme al cual ninguna disposición inferior puede contradecir una superior ...

Sin lugar a dudas, el “caso Jet Set” ha puesto en evidencia no solo un posible conflicto penal de alta relevancia, sino también una preocupante contradicción en la conciencia jurídica colectiva de la sociedad dominicana. Mientras la nación reclama “justicia” con vehemencia, simultáneamente se observa una resistencia (cuando no un abierto desprecio) hacia las garantías básicas del debido proceso. Esta tensión revela una problemática más profunda: la confusión entre justicia, castigo inmediato y linchamiento mediático. En un Estado social y democrático de derecho como el consagrado en nuestra Constitución Dominicana (Art. 7), la justicia no se materializa a través de la presión social ni del juicio mediático, sino mediante el respeto irrestricto a principios como la presunción de inocencia , el derecho de defensa y el debido proceso (artículo 69). Pretender condenas anticipadas sin que se agoten las fases procesales no solo vulnera derechos fundamentales, sino que debilita el propio ...

¿Puede un órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos incumplir la Constitución sin consecuencias?   La actuación de la Cámara de Cuentas, desborda los límites constitucionales de su competencia y por ese hecho, la reciente comunicación emitida por el Senado de la República Dominicana no es un simple intercambio protocolar entre órganos del Estado. Por el contrario, constituye un hecho político-jurídico de alto impacto. Es una reprimenda institucional directa.   Mediante la Resolución No. ADM-2026-017, el Pleno de la Cámara de Cuentas dispuso un aumento de beneficios que, aunque formalmente no calificado como salario, resulta materialmente equivalente. Esta acción provocó la reacción del Senado dominicano, que advierte una posible contradicción con la Constitución, particularmente con el artículo 140.   ¿Qué establece el marco constitucional?   La Constitución dominicana define de manera precisa la naturaleza, funciones y límites de la Cáma...

A propósito de la queja pública (colapso del sistema) por parte del presidente de la Suprema corte de justicia, como estudiante de derecho, he aprendido que la constitución y los medios de comunicación nos permiten filosofar. En tal sentido, traigo a la memoria del lector que, en el Estado constitucional de derecho, la función jurisdiccional no es accesoria ni ornamental: es el contrapeso esencial frente al poder punitivo. La Suprema Corte de Justicia ha reiterado que la independencia judicial no es un privilegio corporativo, sino una garantía de los ciudadanos. Y la Constitución de la República Dominicana (Art. 4, art. 151) consagra, de manera expresa, que el Poder Judicial es independiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, sometido únicamente a la Constitución y a las leyes. La independencia judicial tiene una doble dimensión: institucional y funcional. La primera protege al Poder Judicial frente a injerencias externas; la segunda exige que cada juez, en el caso conc...