Presidente
Luis Abinader C.:
Usted lo ha dicho en diferentes escenarios y, en una
de sus declaraciones más recientes, volvió a expresarlo con claridad: “este ha sido siempre un gobierno abierto, un
gobierno que escucha”. También ha sostenido que un buen gobierno debe
escuchar a su gente, a sus comunidades y a quienes tienen propuestas para
construir el país. Pues bien, señor Presidente: este es el momento de escuchar.
No de escuchar solamente a los ministros, directores generales,
empresarios, funcionarios, asesores o personas que tienen acceso al Palacio
Nacional. Escuche también a “los que no tienen voz”. A los que no
tienen un despacho donde tocar. A los que no pueden llamar a un funcionario. A
los que viven en los barrios, en los campos, en los bateyes, en los municipios
y en las comunidades olvidadas, a los que están detrás de un escritorio de 8am a 5pm. Escuche al ciudadano que solamente tiene la
Constitución para defenderse.
Este no
pretende nada contra usted. Pretende ser una toma de la palabra y un llamado
al presidente de todos los dominicanos para que mire de frente algunas
señales que no pueden ser ignoradas si realmente queremos hablar de una
República Dominicana institucional, democrática, segura y socialmente justa.
Presidente,
escuche: la seguridad no puede convertirse en una licencia para matar.
Hay una
preocupación nacional que ya no puede ser tratada como una simple percepción.
Las
estadísticas publicadas durante 2026 han colocado nuevamente en el centro del
debate las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional.
Diario Libre reportó 146 personas fallecidas durante el primer semestre bajo la
categoría de “acción legal”, mientras posteriormente informó sobre 156 muertes
hasta agosto. Más
preocupante todavía es que organizaciones de derechos humanos y sectores de la
sociedad han cuestionado históricamente la utilización de la figura del “intercambio de disparos” para explicar
determinadas muertes.
Y aquí debemos ser absolutamente serenos sin perder la
templanza y el raciocinio educacional:
La
República Dominicana necesita policías fuertes, pero no policías por encima de
la ley.
2. Necesitamos
policías capaces de enfrentar al delincuente, pero también capaces de respetar
la vida y las leyes.
3. Necesitamos
seguridad ciudadana, pero seguridad
ciudadana dentro del Estado de derecho.
Cuando
un ciudadano es ejecutado sin juicio, sin sentencia y sin la oportunidad de
defenderse ante un tribunal, la sociedad no puede aceptar que se sustituya el
debido proceso y las garantías de los derechos fundamentales de los artículos 68 al 73 de la constitución, por una bala. A menos eso no es lo que me han enseñado mis
universidades.
La propia Constitución dominicana establece en su
artículo 37 que el derecho a la vida es
inviolable y que la pena de muerte no puede establecerse, pronunciarse ni
aplicarse en ningún caso. El Tribunal Constitucional ha reiterado
expresamente este principio.
Por
eso, Presidente, hay que decirlo sin miedo, o con el incluido:
El Estado no puede combatir la delincuencia
convirtiéndose el gobierno en juez, fiscal y verdugo. Si una persona
comete un delito, debe responder ante la justicia. Si un policía utiliza
legítimamente la fuerza, debe demostrarse dentro de una investigación
independiente asignada al Ministerio Público. Pero si un agente ejecuta
deliberadamente a una persona que ya no representa una amenaza, eso no puede ser presentado simplemente como una
operación policial exitosa y menos como un culto al famoso 29.
Eso debe investigarse.
Debe determinarse la responsabilidad.
Y, si corresponde, debe haber consecuencias penales.
Hasta el Defensor del Pueblo ha reclamado justicia en
casos recientes y ha insistido en la necesidad de un régimen de consecuencias
efectivo. Presidente, no permita que la
lucha contra el crimen termine creando una sociedad donde algunos ciudadanos
entiendan que la única sentencia que reciben ciertos sospechosos es la muerte.
Eso no es justicia.
Eso sería sustituir los tribunales por las calles.
Y las consecuencias institucionales, nacionales e
internacionales de permitir que semejante práctica se normalice podrían ser muy
graves para el Estado dominicano y para usted al culminar su mandato y no posea
la cobertura de la banda presidencial (recuerde a Duterte).
Presidente,
escuche: La Constitución
no puede ser negociable, debe ser cumplida (usted juró por eso). Un Estado
democrático no se mide únicamente por la cantidad de carreteras construidas, por
el crecimiento económico o por las inversiones extranjeras. Se mide también por
cuánto respeta sus propias leyes. La
Constitución no es un documento decorativo que se cita en los discursos. Es la
norma suprema. Y cuando existen decisiones del Tribunal Constitucional que
deben ser cumplidas, el Estado tiene que actuar en consecuencia.
El Tribunal Constitucional mantiene un amplio registro
de sentencias y decisiones constitucionales, incluidas decisiones relacionadas
con amparo, derechos fundamentales y obligaciones de las autoridades. A la
fecha existen mas de 100 sentencias del TC en estado de desacato. Por eso,
Presidente, una pregunta debe ser puesta sobre la mesa:
¿Cuántas decisiones judiciales y constitucionales
todavía esperan ser ejecutadas plenamente por instituciones del Gobierno?
Si existen sentencias firmes que obligan a actuar a
determinadas instituciones públicas, no
puede haber una República de cumplimiento selectivo.
El ciudadano está obligado a cumplir la ley.
El funcionario también.
El empresario también.
El policía también.
El ministro también.
El
gobierno también.
Y el Estado también.
Presidente: escuche
y mire hacia sus ministros
Usted no puede gobernar todos los ministerios
personalmente, pero, sí puede exigir resultados. Y aquí es donde este llamado a
escuchar adquiere una dimensión mucho más amplia.
Ministerio de Agricultura: no basta con hablar de soberanía
alimentaria y automatización.
Presidente, mire hacia el campo.
Pregunte ¿Cuánto estamos produciendo realmente?
Pregunte ¿Qué está pasando con nuestros productores?
Pregunte ¿Cuántas tareas están efectivamente sembradas?
Pregunte ¿Qué ocurre con los pequeños agricultores que
no tienen acceso suficiente a financiamiento, semillas, tecnología, mercados y
asistencia técnica?
Pregunte ¿por qué determinados productos agrícolas
siguen dependiendo considerablemente de las importaciones?
El campo dominicano no puede ser atendido únicamente
con discursos, inauguraciones y fotografías. El país necesita
una política agrícola que pueda sentirse en el surco, en la finca, en el
mercado y finalmente en la mesa de cada familia. Tenemos variedades de microclima, podemos ser el granero del caribe, tenemos con que alcanzar la autosuficiencia agrícola, pero es necesario escucha y actuar.
Ministerio de Cultura: lleve la cultura a los barrios.
Presidente, pregunte cuántos
barrios dominicanos tienen realmente acceso permanente a espacios culturales. No
hablamos solamente de grandes eventos. Hablamos de:
Centros
culturales comunitarios; escuelas de música; bibliotecas; talleres de
teatro; danza; pintura; artesanía; cine; formación artística
y espacios para jóvenes. Porque un joven sin oportunidades culturales y
educativas puede terminar encontrando otras formas de ocupar su tiempo. La
cultura también es seguridad. Un país que invierte en cultura está
invirtiendo en prevención.
Por eso, sería extraordinario que cada barrio,
municipio y comunidad pudiera tener espacios donde nuestros niños y jóvenes
descubran que también pueden ser músicos, escritores, actores, artistas,
gestores culturales o emprendedores creativos.
Ministerio de Industria y
Comercio:
protejan al consumidor
Presidente, mire también
hacia los negocios fraudulentos.
Pregunte ¿Cuántos establecimientos operan engañando al
consumidor?
Pregunte ¿Qué está ocurriendo con las empresas que
venden productos falsificados, que engañan, que incumplen garantías, que
utilizan prácticas comerciales abusivas o que desaparecen después de recibir el
dinero de los ciudadanos?
El consumidor dominicano necesita protección efectiva.
No solamente formularios.
No solamente oficinas.
No solamente denuncias.
Necesita investigación, fiscalización y consecuencias.
El Estado debe garantizar que quien trabaja
honradamente y cumple con sus obligaciones no termine compitiendo en desventaja
frente al comerciante que opera mediante el fraude.
Presidente: escuche a los trabajadores antes
de que sea demasiado tarde.
Hay otro tema que requiere una mirada presidencial:
Las pensiones. Durante décadas, millones de dominicanos
han aportado una parte de sus ingresos a un sistema que debería garantizarles
dignidad cuando llegue la vejez.
Por eso, hay que preguntarse:
¿Está el sistema diseñado para garantizar pensiones
realmente dignas?
¿Está el ciudadano recibiendo una protección
proporcional a tantos años de aportes?
¿Existe suficiente transparencia sobre la
administración de esos recursos?
¿Los afiliados conocen realmente cuánto han aportado,
cómo se han administrado esos fondos y qué pueden esperar al momento de
retirarse?
La Superintendencia de Pensiones y las AFP tienen una
responsabilidad enorme frente a la población. Y el Presidente debe exigir que
esa responsabilidad se traduzca en protección
efectiva de los afiliados, transparencia, información comprensible y pensiones
dignas. Esos fondos no son un regalo. Son el fruto del trabajo
de los dominicanos. Las AFP
no pueden convertirse en una institución que el ciudadano tema
Presidente, escuche a los aportantes.
Escuche al trabajador que lleva veinte, treinta o más
años cotizando.
Escuche al empleado que todavía no entiende cuánto
recibirá cuando se retire.
Escuche al ciudadano que siente que el sistema está
diseñado para proteger más a las administradoras que al afiliado.
No afirmo que las actuaciones de las AFP sean ilegales,
lo que reclamamos es algo mucho más sencillo:
Que exista una supervisión verdaderamente orientada al
ciudadano que aporta.
Que cada peso aportado pueda ser rastreado.
Que las comisiones sean comprendidas.
Que las inversiones sean transparentes.
Que el afiliado pueda recibir información
clara.
Y
que la pregunta fundamental sea:
¿Qué pensión recibirá el trabajador cuando ya no pueda trabajar?
Presidente, mire también hacia los que no
pueden protestar. Hay una República Dominicana que aparece
poco en los discursos.
La
República Dominicana de la madre que no puede pagar el medicamento.
La del agricultor que perdió su cosecha.
La del joven que terminó sus estudios y no
consigue empleo.
La del trabajador que tiene 60 años y no
sabe si podrá retirarse dignamente.
La del ciudadano que denuncia un fraude y
no obtiene respuesta.
La del barrio que no tiene espacios
culturales.
La del pequeño comerciante que compite
contra negocios fraudulentos.
La de la familia que perdió a un hijo
durante una intervención policial y ahora solamente pide justicia.
Somos dominicanos, hay que
escucharnos. También somos República Dominicana.
Presidente, supervise a quienes gobiernan con
usted
Usted ha creado espacios de seguimiento de
la gestión pública. Incluso ha presentado mecanismos como la Semanal, hoy “LA Agenda Semanal”, que según usted, está
concebida para revisar resultados, identificar obstáculos, evaluar compromisos
y establecer acciones concretas junto a los funcionarios responsables.
Entonces
hagamos algo todavía más profundo:
Pregúntele a cada ministro qué
prometió.
Pregúntele qué ha cumplido.
Pregúntele qué falta.
Pregúntele cuánto ha costado.
Pregúntele quiénes se han
beneficiado.
Y, sobre todo:
Pregúntele qué está sintiendo el ciudadano
común. Porque
un ministro puede presentar diez diapositivas llenas de estadísticas. Pero si
el ciudadano no siente el resultado en su bolsillo, en su comunidad, en su
seguridad, en su alimentación, en su salud, en su educación, en su cultura, en
sus hijos o en su futuro, entonces todavía queda mucho por hacer.
Escuchar no
significa solamente oír
Presidente Abinader:
Escuchar no significa recibir a alguien.
Escuchar no significa permitirle hablar.
Escuchar significa actuar después
de escuchar.
Escuchar significa corregir.
Escuchar significa investigar.
Escuchar significa destituir cuando
sea necesario.
Escuchar significa sancionar cuando
corresponda.
Escuchar significa cambiar una política
pública cuando no está funcionando.
Escuchar significa reconocer que un
funcionario puede estar equivocado.
Y, sobre todo, escuchar significa entender
que ningún funcionario es más
importante que la institución que representa ni que el pueblo al que sirve.
Presidente:
Usted todavía tiene la oportunidad histórica
de hacer algo que trascienda las estadísticas de crecimiento económico, las
obras públicas y las inauguraciones. Puede dejar una huella mucho más profunda:
La de un gobierno que fortaleció
definitivamente el Estado de derecho.
Un gobierno que hizo que la Policía
respetara la vida y que la ciudadanía recuperara la confianza.
Un gobierno que hizo cumplir las
decisiones de los tribunales.
Un gobierno que garantizó pensiones
dignas.
Un gobierno que protegió al consumidor.
Un gobierno que sembró el campo.
Un gobierno que llevó cultura a los
barrios.
Un gobierno que exigió resultados a sus
ministros.
Un gobierno que no tuvo miedo de escuchar
las críticas.
Un gobierno que entendió que gobernar no es solamente administrar recursos:
es administrar esperanza.
Presidente, esta es la voz de quienes no
tienen voz. No escuche solamente a quienes llegan al Palacio
Nacional.
Escuche al pueblo que está
afuera.
Escuche al campesino.
Escuche al trabajador.
Escuche al pensionado.
Escuche al joven.
Escuche a la madre.
Escuche al comerciante.
Escuche al estudiante.
Escuche al artista.
Escuche al pequeño empresario.
Escuche al ciudadano que tiene una
denuncia.
Escuche al que perdió un familiar.
Escuche al que reclama justicia.
Escuche al que no pertenece a ningún
partido político.
Escuche incluso al que critica su
gobierno.
Porque
usted mismo ha dicho que no se puede hacer un buen gobierno sin escuchar y
valorar lo que piensa el pueblo. Y precisamente por eso, este llamado no pretende
destruir.
Pretende
advertir.
No
pretende dividir.
Pretende
corregir.
No
pretende debilitar al Gobierno.
Pretende
fortalecer la República.
Presidente
Luis Abinader: escuche mientras todavía hay tiempo.
El poder pasa.
Los gobiernos pasan.
Los ministros pasan.
Los funcionarios pasan.
Pero las instituciones quedan.
Y la historia termina juzgando a los
gobernantes no solamente por lo que construyeron, sino también por aquello que
permitieron.
Por eso, Presidente:
Escuche antes de que el silencio
de los ciudadanos se convierta en desesperanza.
Escuche antes de que la
desconfianza en las instituciones se convierta en una crisis de gobernabilidad.
Escuche antes de que la violencia
institucional termine normalizándose.
Escuche antes de que la
Constitución sea percibida como una promesa y no como una garantía.
Escuche a quienes no tienen voz,
porque quizás esta sea una de las últimas grandes oportunidades de su
administración para demostrar que aquello que usted ha repetido tantas veces no
es solamente una frase: que este, verdaderamente, es un Gobierno que escucha.
Y si escucha, Presidente, no escuche solamente para responder.
Escuche
para corregir.
Escuche
para actuar.
Escuche para gobernar.
Escuche para dejar una República Dominicana más justa, más segura, más
institucional y más digna de la que recibió.
Porque el verdadero legado de
un presidente no está solamente en las obras que inaugura, sino en las vidas
que logra mejorar y en las instituciones que deja funcionando cuando ya no esté
en el poder.
Pero imagínense, que puede saber
este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de “la escucha
activa de un gobierno”.
Los que saben de eso, que hagan
su trabajo y hagan sus artículos de salud, educación, defensa, u otros.
Hablamos ahorita.
Samuel M. Shephard
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