“Un Gobierno Que Escucha”. Entonces, Escuche.

Presidente Luis Abinader C.:

Usted lo ha dicho en diferentes escenarios y, en una de sus declaraciones más recientes, volvió a expresarlo con claridad: “este ha sido siempre un gobierno abierto, un gobierno que escucha”. También ha sostenido que un buen gobierno debe escuchar a su gente, a sus comunidades y a quienes tienen propuestas para construir el país. Pues bien, señor Presidente: este es el momento de escuchar.

No de escuchar solamente a los ministros, directores generales, empresarios, funcionarios, asesores o personas que tienen acceso al Palacio Nacional. Escuche también a “los que no tienen voz”. A los que no tienen un despacho donde tocar. A los que no pueden llamar a un funcionario. A los que viven en los barrios, en los campos, en los bateyes, en los municipios y en las comunidades olvidadas, a los que están detrás de un escritorio de 8am a 5pm. Escuche al ciudadano que solamente tiene la Constitución para defenderse.

Este no pretende nada contra usted. Pretende ser una toma de la palabra y un llamado al presidente de todos los dominicanos para que mire de frente algunas señales que no pueden ser ignoradas si realmente queremos hablar de una República Dominicana institucional, democrática, segura y socialmente justa.

Presidente, escuche: la seguridad no puede convertirse en una licencia para matar.

Hay una preocupación nacional que ya no puede ser tratada como una simple percepción.

Las estadísticas publicadas durante 2026 han colocado nuevamente en el centro del debate las muertes ocurridas durante intervenciones de la Policía Nacional. Diario Libre reportó 146 personas fallecidas durante el primer semestre bajo la categoría de “acción legal”, mientras posteriormente informó sobre 156 muertes hasta agosto. Más preocupante todavía es que organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad han cuestionado históricamente la utilización de la figura del “intercambio de disparos” para explicar determinadas muertes.

Y aquí debemos ser absolutamente serenos sin perder la templanza y el raciocinio educacional:

La República Dominicana necesita policías fuertes, pero no policías por encima de la ley.

2.     Necesitamos policías capaces de enfrentar al delincuente, pero también capaces de respetar la vida y las leyes.
3.     Necesitamos seguridad ciudadana, pero seguridad ciudadana dentro del Estado de derecho.

Cuando un ciudadano es ejecutado sin juicio, sin sentencia y sin la oportunidad de defenderse ante un tribunal, la sociedad no puede aceptar que se sustituya el debido proceso y las garantías de los derechos fundamentales de los artículos 68 al 73 de la constitución, por una bala. A menos eso no es lo que me han enseñado mis universidades.

La propia Constitución dominicana establece en su artículo 37 que el derecho a la vida es inviolable y que la pena de muerte no puede establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso. El Tribunal Constitucional ha reiterado expresamente este principio.

Por eso, Presidente, hay que decirlo sin miedo, o con el incluido:

El Estado no puede combatir la delincuencia convirtiéndose el gobierno en juez, fiscal y verdugo. Si una persona comete un delito, debe responder ante la justicia. Si un policía utiliza legítimamente la fuerza, debe demostrarse dentro de una investigación independiente asignada al Ministerio Público. Pero si un agente ejecuta deliberadamente a una persona que ya no representa una amenaza, eso no puede ser presentado simplemente como una operación policial exitosa y menos como un culto al famoso 29.

Eso debe investigarse.

Debe determinarse la responsabilidad.
Y, si corresponde, debe haber consecuencias penales.

Hasta el Defensor del Pueblo ha reclamado justicia en casos recientes y ha insistido en la necesidad de un régimen de consecuencias efectivo. Presidente, no permita que la lucha contra el crimen termine creando una sociedad donde algunos ciudadanos entiendan que la única sentencia que reciben ciertos sospechosos es la muerte.

Eso no es justicia.

Eso sería sustituir los tribunales por las calles.

Y las consecuencias institucionales, nacionales e internacionales de permitir que semejante práctica se normalice podrían ser muy graves para el Estado dominicano y para usted al culminar su mandato y no posea la cobertura de la banda presidencial (recuerde a Duterte).

Presidente, escuche: La Constitución no puede ser negociable, debe ser cumplida (usted juró por eso). Un Estado democrático no se mide únicamente por la cantidad de carreteras construidas, por el crecimiento económico o por las inversiones extranjeras. Se mide también por cuánto respeta sus propias leyes. La Constitución no es un documento decorativo que se cita en los discursos. Es la norma suprema. Y cuando existen decisiones del Tribunal Constitucional que deben ser cumplidas, el Estado tiene que actuar en consecuencia.

El Tribunal Constitucional mantiene un amplio registro de sentencias y decisiones constitucionales, incluidas decisiones relacionadas con amparo, derechos fundamentales y obligaciones de las autoridades. A la fecha existen mas de 100 sentencias del TC en estado de desacato. Por eso, Presidente, una pregunta debe ser puesta sobre la mesa:

¿Cuántas decisiones judiciales y constitucionales todavía esperan ser ejecutadas plenamente por instituciones del Gobierno?

Si existen sentencias firmes que obligan a actuar a determinadas instituciones públicas, no puede haber una República de cumplimiento selectivo.

El ciudadano está obligado a cumplir la ley.
El funcionario también.
El empresario también.
El policía también.
El ministro también.
El gobierno también.
Y el Estado también.

Presidente: escuche y mire hacia sus ministros

Comentarios

Entradas más populares de este blog

Barbas Al Remojo; Lawfare, Constitución, DEA…

Entre el Show Mediático, Bochorno y la Coherencia Poblacional: el Caso SENASA Como Espejo Social

He Aquí El Fallo De Nación. RD: Despierta