A Propósito Del Conversatorio "Rol del Ministerio Público"
El pasado 22 de julio de 2026, la Escuela
Nacional del Ministerio Público y la Universidad UTE organizaron el
conversatorio "Rol del Ministerio Público", dirigido a
estudiantes de Derecho. La actividad, impartida por el magistrado Juan Amado
Cedano, Procurador General de Corte de Apelación, pretendía ofrecer una
visión institucional del papel que desempeña el Ministerio Público dentro del
sistema de justicia dominicano.
Presentó una interesante evolución de la institución. Sin embargo, algunas de las expresiones vertidas
durante la conferencia, invitan a una reflexión jurídica más profunda sobre un
fenómeno que desde hace años parece ir consolidándose: la percepción de que el
Ministerio Público ha dejado de verse como un órgano del sistema de justicia
para asumirse, en ocasiones, como un poder superior dentro de él.
Durante su exposición, el magistrado manifestó su posible
inconformidad con la forma en que tradicionalmente se explicaba el Poder
Judicial, señalando que primero se mencionaba a la Suprema Corte de Justicia y
solo al final al Ministerio Público. Hasta ese punto, la observación podría
interpretarse como una simple reivindicación institucional. No obstante, la
reflexión tomó un rumbo distinto en mi intelecto cuando sostuvo que, con el fortalecimiento
constitucional del Consejo del Ministerio Público, esta institución incluso
debe "poner en sintonía" a los jueces cuando estos parecen no
estarlo.
Sugiere una relación de dirección, corrección o
superioridad respecto de quienes constitucionalmente ejercen la función
jurisdiccional. Es precisamente ahí donde surge el problema.
La constitución No creó un cuarto poder. La Constitución dominicana de 2010 fortaleció considerablemente al Ministerio Público. Le otorgó autonomía funcional, independencia administrativa y financiera, creó el Consejo Superior del Ministerio Público y estableció una carrera especializada para sus miembros. Todo ello fue correcto y necesario.
Pero, fortalecer institucionalmente al Ministerio Público nunca significó colocarlo por encima del Poder Judicial. Por el contrario, el diseño constitucional mantiene una separación clara de funciones:
- Los
jueces administran justicia.
- El
Ministerio Público investiga los hechos punibles y ejerce la acción
pública.
- Los
abogados ejercen la defensa.
- La
Policía Judicial auxilia las investigaciones.
Cada órgano posee competencias propias, ninguna
subordinada a otra fuera de los casos expresamente establecidos por la ley.
En un Estado constitucional de derecho, el Ministerio Público comparece ante los tribunales como parte procesal. El ministerio Público no controla la Jurisdicción.
a) Puede solicitar medidas de coerción.
b) Puede presentar acusaciones.
c) Puede recurrir decisiones.
d) Pero nunca dirige la función jurisdiccional (Cuidado Nuevo Código).
e) El juez únicamente está sometido a la Constitución y a la ley.
f) No recibe instrucciones del Ministerio Público.
g) No necesita estar "en sintonía" con la posición de los fiscales.
La independencia judicial constituye uno de los pilares esenciales del debido proceso. Pensar lo contrario equivale a desdibujar el sistema acusatorio instaurado por el Código Procesal Penal.
Las palabras pronunciadas durante el conversatorio permiten advertir un fenómeno que numerosos litigantes han señalado durante años. En ciertos sectores del Ministerio Público parece haberse desarrollado una cultura institucional según la cual el fortalecimiento constitucional de la institución fue interpretado como una elevación jerárquica respecto de los jueces. No se trata únicamente de autonomía.
Parece existir, en algunos casos, una convicción de que el Ministerio Público representa el verdadero centro del sistema de justicia. Esta percepción podría explicar determinadas actuaciones observadas en la práctica en nuestros día a día:
a)
fiscales que cuestionan públicamente decisiones
judiciales con tono descalificador;
b)
intentos de presentar a los jueces como obstáculos
para la persecución penal;
c)
discursos que identifican la discrecionalidad
judicial como un problema institucional;
d)
y expresiones que sugieren que corresponde al
Ministerio Público orientar el rumbo de la jurisdicción.
Nada de ello encuentra respaldo en la Constitución.
Paradójicamente, mientras más fuerte sea el Ministerio Público, más necesaria resulta la independencia judicial. El juez constituye el principal límite constitucional frente al enorme poder investigativo y coercitivo que posee el órgano acusador.
a) Autoriza allanamientos.
b) Controla arrestos.
c) Decide medidas de coerción.
d) Valora las pruebas.
e) Declara la absolución o la condena.
f) Declara Extinción del proceso Penal
En otras palabras, el Ministerio Público no existe para orientar a los jueces. Los jueces existen, entre otras razones, para controlar jurídicamente las actuaciones del Ministerio Público. Esa es la esencia del Estado de derecho.
2. ¿Ha contribuido ese modelo a fortalecer la independencia del Ministerio Público o, por el contrario, ha alimentado una percepción institucional de autonomía sin suficientes contrapesos?
Antes de publicar este artículo consideré mucho como se interpretaría, pero como estudiante, considero que estas son preguntas legítimas dentro de cualquier democracia constitucional.
También resulta inevitable formular otra interrogante. Cuando un magistrado del Ministerio Público llega a comportarse o expresarse como si fuese superior a un juez, ¿qué explica esa actitud? ¿Se trata de arrogancia institucional? ¿Es producto de una interpretación errónea de la Constitución? ¿O constituye simplemente una falta de respeto y un atrevimiento incompatible con el diseño constitucional dominicano?
La verdad desde mi corto análisis es que, ninguna reforma constitucional convirtió al Ministerio Público en un órgano jerárquicamente superior al Poder Judicial.
El propio título del conversatorio ("Rol del
Ministerio Público") invita a recordar cuál es ese rol conforme a la
Constitución dominicana.
El Ministerio Público no integra el Poder Judicial como órgano jurisdiccional ni constituye un poder independiente del Estado. Es un órgano constitucional autónomo encargado de dirigir la investigación penal, ejercer la acción pública y velar por la legalidad y la protección de los derechos fundamentales dentro del ámbito de sus competencias.
Los jueces, por su parte, son los únicos titulares de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, actuando con independencia y sometidos exclusivamente a la Constitución y a la ley.
La relación entre ambos no es de subordinación.
Es de equilibrio. Es de control recíproco. Es de
respeto institucional. Y precisamente ese equilibrio constituye una de las
mayores garantías que posee el ciudadano frente al ejercicio del poder punitivo
del Estado.
Cuando cualquier institución comienza a verse a sí misma como un "supra poder", el riesgo no es únicamente jurídico. Es profundamente democrático.
Pero imagínense, que puede saber
este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca del Rol
del Ministerio Público.
Los que saben, que hagan su
trabajo.
Hablamos ahorita.
S. M. Shephard
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