Cuando La Muerte Empieza A Parecer Justicia

Hay momentos en la vida de una sociedad en los que no basta con mirar las noticias. Hay que detenerse, apagar por un instante el ruido de las redes sociales y preguntarnos hacia dónde estamos caminando.

República Dominicana está viviendo uno de esos momentos.

En las últimas semanas, una sucesión de muertes ocurridas durante operaciones de la Policía Nacional, particularmente de agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que no podemos seguir evadiendo:

¿Estamos combatiendo la delincuencia dentro de la ley o estamos comenzando a acostumbrarnos a una justicia de muerte?

La pregunta no pretende desconocer la gravedad de la delincuencia. Tampoco pretende convertir en víctimas a quienes hayan cometido delitos. Y mucho menos pretende negar a un agente policial el derecho a defender su propia vida cuando realmente enfrenta una agresión armada.

La pregunta es otra.

¿Quién juzga en República Dominicana?

Porque si la respuesta sigue siendo “los tribunales”, entonces debemos defender el proceso judicial incluso cuando el acusado sea la persona más repudiada de la sociedad.

Durante septiembre se han sucedido reportes de hombres muertos en operaciones policiales. Entre los casos dados a conocer están Michael Junior Rodríguez Peguero, alias “Michael Peluche”, y otro hombre identificado como “Enger”, muertos durante un operativo del DICRIM en Santo Domingo Norte; Willi David Gómez Batista, alias “Willy Piñé”, en Barahona; Jorge Luis Tissol Báez, alias “Yiro”, en San Pedro de Macorís; Cristofer Almonte Díaz, alias “Niño”, en Santiago; Javier Mercedes Severino, alias “Javielito”, en El Seibo; y otros casos reportados posteriormente en distintos puntos del país.

El 24 de septiembre fue reportada además la muerte de Carlos Julio Féliz Sena en Cabral, Barahona, luego de un supuesto enfrentamiento con agentes del DICRIM. Y este 25 de septiembre se informó sobre la muerte de Ricardo Polanco García, alias “Richard Gatillo”, en Gaspar Hernández, también después de un alegado enfrentamiento con agentes investigadores. En ambos casos, las informaciones disponibles corresponden a reportes preliminares y las circunstancias deben ser establecidas mediante investigación.

No estamos hablando, por tanto, de un hecho aislado. Un recuento periodístico publicado el 23 de septiembre situaba en 27 las muertes ocurridas durante intervenciones policiales en septiembre, mientras que otro levantamiento había contabilizado 180 fallecidos en hechos con participación policial durante 2026 hasta el 21 de septiembre.

Y aquí comienza nuestra responsabilidad como sociedad.

Porque podemos acostumbrarnos. Podemos comenzar diciendo:

“Uno menos.” Después; “Que sigan limpiando las calles.” Y finalmente; “Si murió, por algo sería.”

 

Debemos detenernos, una sociedad democrática no puede sustituir la prueba por la sospecha ni la sentencia por la muerte. República Dominicana no tiene pena de muerte

Esto debe decirse con absoluta claridad. La Constitución reconoce el derecho a la vida y establece expresamente que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse la pena de muerte. Por tanto, aunque una persona sea acusada de homicidio, robo, secuestro, atraco, narcotráfico o cualquier otro delito grave, el Estado no tiene una autorización general para quitarle la vida como castigo. El Estado tiene la obligación de:  perseguir el delito, apresar, investigar, presentar pruebas, acusar cuando corresponda y de llevar al acusado ante un juez.

 La muerte no puede convertirse en la condena que nunca dictó un tribunal. La Constitución no dice: “presunto culpable”. La Constitución dominicana protege la presunción de inocencia y el debido proceso. Eso significa que una persona acusada de un delito no deja de ser sujeto de derechos simplemente porque la Policía la señale. El artículo 69 constitucional establece las garantías de la tutela judicial efectiva y del debido proceso, incluyendo la presunción de inocencia mientras no exista una decisión irrevocable que establezca la culpabilidad.

Esto no es una defensa de la delincuencia. Es una defensa de la República. Mañana podemos estar hablando de un delincuente. Pero pasado mañana podríamos estar hablando de un ciudadano confundido con un delincuente. Ahí comienza el verdadero peligro.

 ¿Y si se equivocan?

Esta es la pregunta que muchos prefieren no hacerse.

¿Y si se equivocan?

¿Y si la persona no era quien creían?

¿Y si la información de inteligencia era incorrecta?

¿Y si el arma no pertenecía al fallecido?

¿Y si hubo una confusión?

¿Y si un testigo se equivocó?

¿Y si alguien fue señalado injustamente?

¿Y si una operación policial terminó en una muerte que pudo evitarse?

¿Quién devuelve esa vida?

¿Quién devuelve a esa madre su hijo?

¿Quién devuelve a esos hijos a su padre?

¿Quién devuelve a una familia la posibilidad de demostrar que su pariente era inocente?

 

La muerte no permite corregir el error. Una detención equivocada puede corregirse.

Una acusación equivocada puede revisarse. Una sentencia equivocada puede recurrirse.

Una persona injustamente encarcelada puede ser liberada. Pero una persona ejecutada no puede ser resucitada por ninguna investigación posterior. Por eso, una sociedad responsable debe exigir que la fuerza letal sea sometida al máximo escrutinio. No podemos alimentar una justicia con características de la ley del Talión.

 

Hay algo profundamente peligroso en la frase:

“El que mata debe morir.” Porque esa frase puede sonar justa cuando la víctima somos nosotros.

El Estado no funciona sobre la base de la venganza. No debe combatir el crimen adoptando, una filosofía de “ojo por ojo”. Si un ciudadano mata y por eso pierde la vida sin juicio, entonces estamos sustituyendo el sistema judicial por la venganza institucional. Y una vez que aceptamos esa lógica, la pregunta deja de ser:

“¿Es culpable?”  Para comenzar a ser: “¿Es suficientemente malo como para que podamos matarlo?”

 

Ese cambio es peligroso. Ya no hablamos de justicia.

Hablamos de poder. Ojo, hoy son ellos. Mañana podemos ser nosotros

Quienes celebran estas muertes deberían hacerse una pregunta sencilla:

¿Qué ocurriría si mañana la Policía se equivoca contigo?

¿Qué ocurriría si un informante proporciona tu nombre?

¿Qué ocurriría si tu vehículo coincide con el descrito en una denuncia?

¿Qué ocurriría si alguien te acusa de pertenecer a una banda?

¿Qué ocurriría si un operativo termina en un supuesto intercambio de disparos y tú eres la persona que estaba en el lugar equivocado?

¿Seguiríamos diciendo, uno menos?

¿O comenzaríamos entonces a pedir investigación, pruebas, justicia y debido proceso?

 

Los derechos fundamentales tienen precisamente ese propósito.

No existen solamente para proteger al que nos cae bien. Existen para protegernos cuando estamos en la peor posición posible frente al poder del Estado. Una Policía fuerte no necesita una sociedad sedienta de sangre.

 

Dejemos de celebrar la muerte. No porque amemos al delincuente, sino porque amamos la justicia. No porque ignoremos a las víctimas. Sino porque también debemos impedir que existan nuevas víctimas. No porque queramos una Policía débil. Sino porque queremos una Policía profesional, respetada y sometida a la ley.

 

No alimentemos una justicia de venganza.

Porque el día que aceptemos que una persona puede morir simplemente porque fue señalada como delincuente, habremos abierto una puerta que no sabemos quién terminará cruzando. Hoy puede ser un hombre acusado de un delito. Mañana puede ser un inocente, un padre, un hijo, un hermano, podemos ser nosotros. Y cuando llegue ese día, quizá ya sea demasiado tarde para reclamar el debido proceso que hoy estamos permitiendo que otros pierdan.

 

Nuestra República Dominicana necesita seguridad. Pero necesita una seguridad con justicia. Necesita autoridad. Pero una autoridad sometida a la ley. Necesita una Policía fuerte. Pero no una Policía convertida en juez y verdugo.

En una democracia, la muerte no puede ser la sentencia que sustituya al tribunal. Una sociedad que aprende a celebrar la muerte de sus supuestos delincuentes puede terminar, sin darse cuenta, construyendo el escenario donde algún día tendrá que llorar la muerte de un inocente.

 

No a la justicia del Talión. Sí a la justicia del Estado de derecho.

No a la ejecución sin sentencia. Sí a la investigación, al debido proceso y a la verdad.

No al silencio. No a la indiferencia. No a la normalización de la muerte.

La vida no puede convertirse en el precio de una sospecha.

 

Si carezco de razonamiento y me he quedado atrás, pero el país ya está preparado para esto, pues que el congreso dominicano haga lo propio con la propuesta y petición de Luisín Jiménez desde hace más de 16 años.

Pero imagínense, que puede saber este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de Justicia y Derechos constitucionales.

 Los que saben, que hagan su trabajo.

 Hablamos ahorita.


Samuel M. Shephard

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