Cuando La Muerte Empieza A Parecer Justicia
Hay momentos en la vida de una
sociedad en los que no basta con mirar las noticias. Hay que detenerse, apagar
por un instante el ruido de las redes sociales y preguntarnos hacia dónde
estamos caminando.
República Dominicana está
viviendo uno de esos momentos.
En las últimas semanas, una
sucesión de muertes ocurridas durante operaciones de la Policía Nacional,
particularmente de agentes adscritos a la Dirección Central de Investigación
(DICRIM), ha vuelto a colocar sobre la mesa una pregunta que no podemos seguir
evadiendo:
¿Estamos combatiendo la
delincuencia dentro de la ley o estamos comenzando a acostumbrarnos a una
justicia de muerte?
La pregunta no pretende desconocer
la gravedad de la delincuencia. Tampoco pretende convertir en víctimas a
quienes hayan cometido delitos. Y mucho menos pretende negar a un agente
policial el derecho a defender su propia vida cuando realmente enfrenta una
agresión armada.
La pregunta es otra.
¿Quién juzga en República
Dominicana?
Porque si la respuesta sigue
siendo “los tribunales”, entonces debemos defender el proceso judicial incluso
cuando el acusado sea la persona más repudiada de la sociedad.
Durante septiembre se han
sucedido reportes de hombres muertos en operaciones policiales. Entre los casos
dados a conocer están Michael Junior Rodríguez Peguero, alias “Michael
Peluche”, y otro hombre identificado como “Enger”, muertos durante un operativo
del DICRIM en Santo Domingo Norte; Willi David Gómez Batista, alias “Willy
Piñé”, en Barahona; Jorge Luis Tissol Báez, alias “Yiro”, en San Pedro de
Macorís; Cristofer Almonte Díaz, alias “Niño”, en Santiago; Javier Mercedes
Severino, alias “Javielito”, en El Seibo; y otros casos reportados
posteriormente en distintos puntos del país.
El 24 de septiembre fue
reportada además la muerte de Carlos Julio Féliz Sena en Cabral, Barahona,
luego de un supuesto enfrentamiento con agentes del DICRIM. Y este 25 de
septiembre se informó sobre la muerte de Ricardo Polanco García, alias “Richard
Gatillo”, en Gaspar Hernández, también después de un alegado enfrentamiento con
agentes investigadores. En ambos casos, las informaciones disponibles
corresponden a reportes preliminares y las circunstancias deben ser
establecidas mediante investigación.
No estamos hablando, por
tanto, de un hecho aislado. Un recuento periodístico publicado el 23 de
septiembre situaba en 27 las muertes ocurridas durante intervenciones
policiales en septiembre, mientras que otro levantamiento había contabilizado 180
fallecidos en hechos con participación policial durante 2026 hasta el 21 de
septiembre.
Y aquí comienza
nuestra responsabilidad como sociedad.
Porque podemos
acostumbrarnos. Podemos comenzar diciendo:
“Uno menos.” Después;
“Que sigan limpiando las calles.” Y finalmente; “Si murió, por algo sería.”
Debemos detenernos,
una sociedad democrática no puede sustituir la prueba por la sospecha ni la
sentencia por la muerte. República Dominicana no tiene pena de muerte
Esto debe decirse
con absoluta claridad. La Constitución reconoce el derecho a la vida y
establece expresamente que no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse la
pena de muerte. Por tanto, aunque una persona sea acusada de homicidio, robo,
secuestro, atraco, narcotráfico o cualquier otro delito grave, el Estado no
tiene una autorización general para quitarle la vida como castigo. El
Estado tiene la obligación de: perseguir
el delito, apresar, investigar, presentar pruebas, acusar cuando corresponda y de
llevar al acusado ante un juez.
Esto no es una defensa de la delincuencia. Es una defensa de la República. Mañana podemos estar hablando de un delincuente. Pero pasado mañana podríamos estar hablando de un ciudadano confundido con un delincuente. Ahí comienza el verdadero peligro.
Esta es la
pregunta que muchos prefieren no hacerse.
¿Y si se
equivocan?
¿Y si la persona
no era quien creían?
¿Y si la
información de inteligencia era incorrecta?
¿Y si el arma no
pertenecía al fallecido?
¿Y si hubo una
confusión?
¿Y si un testigo se
equivocó?
¿Y si alguien fue
señalado injustamente?
¿Y si una
operación policial terminó en una muerte que pudo evitarse?
¿Quién devuelve
esa vida?
¿Quién devuelve a
esa madre su hijo?
¿Quién devuelve a
esos hijos a su padre?
¿Quién devuelve a
una familia la posibilidad de demostrar que su pariente era inocente?
La muerte no
permite corregir el error. Una detención equivocada puede corregirse.
Una acusación
equivocada puede revisarse. Una sentencia equivocada puede recurrirse.
Una persona
injustamente encarcelada puede ser liberada. Pero una persona ejecutada no
puede ser resucitada por ninguna investigación posterior. Por eso, una sociedad
responsable debe exigir que la fuerza letal sea sometida al máximo escrutinio. No
podemos alimentar una justicia con características de la ley del Talión.
Hay algo
profundamente peligroso en la frase:
“El que mata debe
morir.” Porque esa frase puede sonar justa cuando la víctima somos nosotros.
El Estado no
funciona sobre la base de la venganza. No debe combatir el crimen adoptando, una
filosofía de “ojo por ojo”. Si un ciudadano mata y por eso pierde la vida sin
juicio, entonces estamos sustituyendo el sistema judicial por la venganza
institucional. Y una vez que aceptamos esa lógica, la pregunta deja de ser:
“¿Es culpable?” Para comenzar a ser: “¿Es suficientemente malo como
para que podamos matarlo?”
Ese cambio es
peligroso. Ya no hablamos de justicia.
Hablamos de poder.
Ojo, hoy son ellos. Mañana podemos ser nosotros
Quienes celebran
estas muertes deberían hacerse una pregunta sencilla:
¿Qué ocurriría si
mañana la Policía se equivoca contigo?
¿Qué ocurriría si
un informante proporciona tu nombre?
¿Qué ocurriría si
tu vehículo coincide con el descrito en una denuncia?
¿Qué ocurriría si
alguien te acusa de pertenecer a una banda?
¿Qué ocurriría si
un operativo termina en un supuesto intercambio de disparos y tú eres la
persona que estaba en el lugar equivocado?
¿Seguiríamos
diciendo, uno menos?
¿O comenzaríamos
entonces a pedir investigación, pruebas, justicia y debido proceso?
Los derechos
fundamentales tienen precisamente ese propósito.
No existen
solamente para proteger al que nos cae bien. Existen para protegernos cuando
estamos en la peor posición posible frente al poder del Estado. Una Policía
fuerte no necesita una sociedad sedienta de sangre.
Dejemos de
celebrar la muerte. No porque amemos al delincuente, sino porque amamos la
justicia. No porque ignoremos a las víctimas. Sino porque también debemos
impedir que existan nuevas víctimas. No porque queramos una Policía débil. Sino
porque queremos una Policía profesional, respetada y sometida a la ley.
No alimentemos una
justicia de venganza.
Porque el día que
aceptemos que una persona puede morir simplemente porque fue señalada como
delincuente, habremos abierto una puerta que no sabemos quién terminará
cruzando. Hoy puede ser un hombre acusado de un delito. Mañana puede ser un
inocente, un padre, un hijo, un hermano, podemos ser nosotros. Y cuando
llegue ese día, quizá ya sea demasiado tarde para reclamar el debido proceso
que hoy estamos permitiendo que otros pierdan.
Nuestra República
Dominicana necesita seguridad. Pero necesita una seguridad con justicia. Necesita
autoridad. Pero una autoridad sometida a la ley. Necesita una Policía fuerte. Pero
no una Policía convertida en juez y verdugo.
En una democracia,
la muerte no puede ser la sentencia que sustituya al tribunal. Una sociedad que
aprende a celebrar la muerte de sus supuestos delincuentes puede terminar, sin
darse cuenta, construyendo el escenario donde algún día tendrá que llorar la
muerte de un inocente.
No a la justicia
del Talión. Sí a la justicia del Estado de derecho.
No a la ejecución
sin sentencia. Sí a la investigación, al debido proceso y a la verdad.
No al silencio. No
a la indiferencia. No a la normalización de la muerte.
La vida no puede
convertirse en el precio de una sospecha.
Si carezco de razonamiento
y me he quedado atrás, pero el país ya está preparado para esto, pues que el
congreso dominicano haga lo propio con la propuesta y petición de Luisín Jiménez
desde hace más de 16 años.
Pero imagínense, que puede saber
este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de Justicia
y Derechos constitucionales.
Los que saben, que hagan su
trabajo.
Hablamos ahorita.
Comentarios
Publicar un comentario
Muchas gracias. Cuéntanos tu experiencia, Síguenos y comparte nuestro contenido.