He Aquí El Fallo De Nación. RD: Despierta

He aquí el fallo de Nación. No está en los palacios, ni en los ministerios, ni en los tribunales. Está en el corazón mismo de nuestra Carta Magna, en el alma constitucional que debió servir de escudo contra la improvisación, la corrupción y la mediocridad, pero que, por el contrario, abrió las compuertas a todos los males que hoy nos ahogan como país. El fallo de la Nación está escrito (sin pudor y con la complicidad del tiempo) en los artículos 79 y 82 de la Constitución de la República Dominicana.

El primero, el artículo 79, establece los requisitos para ser Senador: tener al menos 25 años de edad, gozar de los derechos civiles y políticos, y haber residido en la demarcación por lo menos cinco años. El segundo, el artículo 82, impone requisitos similares para ser Diputado. Nada más. Ni formación académica, ni preparación jurídica, ni experiencia pública comprobada. Con esas líneas (tan cortas como peligrosas) el país firmó su propia sentencia de retroceso.

Y es que ese “detalle técnico” de nuestra Constitución es, en realidad, una bomba moral y social de largo alcance. Porque de allí se desprenden, como ramas podridas, los errores legislativos, las incoherencias jurídicas, las leyes aprobadas sin estudio y las reformas penales y fiscales que mutilan derechos fundamentales. ¿Cómo exigir sensatez legislativa de quienes no han sido formados para comprender los alcances de una ley? ¿Cómo esperar ética pública de quienes conciben el Congreso como una plataforma de poder y no como una institución de Estado? No escapa al razonamiento, la existencia de asesores con conocimientos legislativos, ese hecho es uno de los mayores sustentos para el presente escrito.

En pleno siglo XXI, resulta inaceptable que un país que aspira a desarrollarse mantenga intacta una estructura constitucional que permite que cualquier ciudadano, sin preparación ni criterio técnico, ocupe un curul para redactar o aprobar las leyes que determinarán el destino de millones. En la antigua Roma, el título de Senador (il senatore) era una dignidad reservada a quienes habían agotado un largo camino de méritos: formación filosófica, experiencia política, servicio público y reputación irreprochable. Ser senador era una consagración de sabiduría y virtud. Hoy, en cambio, basta con tener dinero, respaldo partidario y una cuota de poder para ocupar el escaño más alto del Congreso.

En Estados Unidos, por ejemplo, los candidatos al Congreso deben someterse a un riguroso escrutinio público y político. Si bien los requisitos formales son simples, en la práctica el electorado y los partidos demandan niveles de educación y experiencia profesional que garanticen competencia legislativa. En países europeos como Alemania o Francia, los miembros del Parlamento, además de contar con formación superior, se someten a controles éticos y de transparencia antes y durante su gestión. Incluso en democracias latinoamericanas emergentes, como Chile o Uruguay, la cultura política exige que el legislador tenga una formación acorde con las funciones del cargo.

Nosotros, sin embargo, seguimos creyendo que la política es un oficio que se improvisa. Que el Congreso es un botín de los partidos y no una institución sagrada del pensamiento jurídico y social. Y esa ignorancia institucionalizada (avalada por nuestra Constitución) ha sido la madre de todos nuestros fracasos:

Ø  La falta de educación, porque quienes legislan sobre educación desconocen la pedagogía y la gestión pública.

Ø  La corrupción administrativa, porque quienes deben fiscalizar no entienden los marcos legales de control y rendición de cuentas.

Ø  Los desaciertos presidenciales, porque un Congreso débil y complaciente cede sus facultades constitucionales a un Ejecutivo que actúa sin contrapeso.

He aquí el fallo de Nación. No es un simple error técnico. Es un crimen constitucional que ha convertido el Congreso en un mercado de favores y no en una casa de leyes. Es la causa estructural de nuestra anemia institucional, de nuestras leyes contradictorias, de nuestros códigos penales con errores grotescos, y de una justicia que depende de la voluntad política y no del imperio del derecho.

Es tiempo de decirlo con valentía: la República Dominicana necesita una reforma constitucional urgente que eleve los requisitos para legislar. No se trata de excluir al pueblo, sino de dignificar su representación. Quien pretenda ser Diputado o Senador debe demostrar preparación jurídica, ética probada y conocimiento del Estado. No podemos seguir entregando el poder de legislar (que es el poder de crear o destruir naciones) a la improvisación, al populismo o al clientelismo. Como está nuestra nación en valores, inmigración, invasión pasiva, intelectualidad, u otros, es por el fallo de nación.

Modificar los artículos 79 y 82 no es una cuestión de tecnicismo; es una cuestión de supervivencia nacional. Mientras sigamos permitiendo que la ignorancia redacte nuestras leyes, el futuro seguirá escribiéndose con los errores del pasado. Si los que están no lo entienden ni quieren aplicarlo; es tiempo de referendo.

He aquí el fallo de nación.

Pero también, he aquí la oportunidad de corregirlo. Que esta generación no repita el crimen de la complacencia. Que tengamos el coraje de levantar una Constitución que premie la sabiduría y no la influencia, la preparación y no la fortuna. Solo así podremos hablar, con dignidad, de una patria verdaderamente libre, justa y civilizada.

 

Hablamos ahorita

 

Samuel Mercedes Shephard