Entre el Show Mediático, Bochorno y la Coherencia Poblacional: el Caso SENASA Como Espejo Social

         El caso de presunta corrupción que sacude al Seguro Nacional de Salud (SENASA) no solo ha provocado indignación pública; también ha dejado al descubierto una fractura más profunda en la cultura institucional y en la percepción ciudadana de la justicia. Más allá de los nombres, los montos o las imputaciones, el episodio se ha convertido en un acto bochornoso por la forma en que se ha debatido en la esfera pública, por la volatilidad con que se juzga al Ministerio Público y por las imprudencias verbales que confunden (o pretenden confundir) la separación de poderes sobre la que descansa el Estado de derecho.

Resulta llamativo observar cómo una parte de la población oscila entre creer ciegamente al Ministerio Público cuando sus acciones confirman prejuicios o expectativas, y desacreditarlo de inmediato cuando las decisiones no satisfacen pasiones políticas o intereses coyunturales. Esta selectividad en la confianza erosiona la legitimidad de la justicia. No se puede exigir rigor, independencia y valentía institucional solo cuando conviene; la coherencia democrática implica aceptar que el Ministerio Público actúa dentro de un marco legal que debe ser evaluado con criterios técnicos, no con impulsos emocionales o banderías ideológicas, pronunciamientos populista y venta de personalidad impoluta en vez del fortalecimiento institucional.

En ese contexto, han surgido expresiones verbales irresponsables que rozan la acusación de “traición” al presidente de la República, como si toda decisión judicial o procesal que favorezca o no al Ejecutivo, constituyera un acto de deslealtad política. Tales afirmaciones no solo son imprudentes: son peligrosas. Olvidan (o ignoran deliberadamente) que el juez no es un subordinado del Poder Ejecutivo, sino un integrante de un poder distinto e independiente, cuya función esencial es ser objetivo e imparcial. Exigir alineamiento político a la judicatura equivale a renunciar al principio de separación de poderes y a normalizar la justicia sometida.

El bochorno, entonces, no reside únicamente en la presunta corrupción investigada, sino también en el discurso público que presiona, estigmatiza y condena antes de que un tribunal se pronuncie con base en pruebas. Esa atmósfera de linchamiento simbólico contamina el proceso y debilita la credibilidad institucional.

A ello se suman las medidas de coerción impuestas a los diez imputados del caso SENASA, las cuales han generado serias interrogantes a los novatos en ciencias jurídicas, desde la óptica de los derechos fundamentales. Entre los elementos que pueden cuestionar los estudiantes de derecho y que se señalan como potencialmente vulnerados se encuentran:

 

1.     La presunción de inocencia, cuando las medidas se perciben más como castigo anticipado que como instrumentos procesales para asegurar la comparecencia.

 

2.     El derecho a la libertad personal, si las coerciones restrictivas no se sustentan en una motivación individualizada y proporcional.

 

3.     El principio de proporcionalidad, cuando se aplican medidas severas sin una justificación clara basada en riesgo de fuga, obstaculización del proceso o reiteración delictiva.

 

4.     El debido proceso, especialmente si la defensa no cuenta con igualdad real de condiciones para contradecir las imputaciones y las solicitudes del órgano acusador.

 

5.     La dignidad humana, cuando el trato mediático y procesal expone a los imputados al escarnio público antes de una sentencia definitiva.

Nada de esto implica minimizar la gravedad de las acusaciones ni desconocer la necesidad de investigar y sancionar la corrupción, si se comprueba. Implica, más bien, recordar que el combate a la corrupción no puede hacerse sacrificando los principios que sostienen la justicia. Un Estado que viola derechos para perseguir delitos termina debilitando la misma legalidad que dice defender.

El caso SENASA debe servir como una lección colectiva: la coherencia institucional es tan importante como la transparencia; la independencia judicial es tan sagrada como la lucha contra la corrupción; y la confianza ciudadana no se construye con aplausos selectivos, sino con respeto constante al Estado de derecho. Solo así se evita que el bochorno trascienda el expediente y se convierta en norma social.

Cuidado con darle alimento a ese gigante ministerial que, por detrás, quiere aplastarnos con el código procesal penal.

 ¿Pero yo que sé de derecho?

 Hablamos ahorita

 

S.M.Shephard