Con Poder Para Controlar E Incomodar, Pero Eligió El Descrédito Y El Silencio

En una democracia constitucional, los órganos de control no están llamados a agradar, sino a incomodar. Su razón de ser no es la complacencia ni la discreción excesiva, sino la vigilancia firme del uso de los recursos públicos. En la República Dominicana, la Cámara de Cuentas es, en teoría, uno de los pilares fundamentales del sistema de pesos y contrapesos. En la práctica, sin embargo, su accionar no tan reciente obliga a una reflexión profunda, urgente y revolucionaria por parte de la ciudadanía.

 Describir el origen resultaría extenso en solo artículo, pero, aprobar, permitir y auspiciar un allanamiento por parte del Ministerio Público no fue tan grave, el no empoderar abogados para hacer lo propio ante semejante atropello, desmoralizó, quebrajó y fracturó en su seno, la credibilidad de un órgano constitucional. En los eventos más cercanos, para el período 2020-2024, la gestión de la Cámara de Cuentas dejó más sombras que luces. Y la forma en que fue conformado el nuevo Pleno para el período 2024-2028 no disipa las dudas: por el contrario, las profundiza. Lo más preocupante no es únicamente lo que se hizo mal, sino lo que no se hizo. Y aún más grave: la aparente incapacidad o falta de voluntad de quienes integran el órgano para asumir plenamente el poder constitucional que la Carta Magna les confiere.

 La Cámara de Cuentas del período 2020-2024 pasará a la historia no por la contundencia de sus auditorías, sino por los conflictos internos, las denuncias cruzadas, la parálisis institucional y la pérdida progresiva de credibilidad ante la sociedad.

Un órgano que debía auditar con rigor el uso de miles de millones de pesos del erario, terminó siendo auditado moralmente por la opinión pública. Las pugnas internas del Pleno, las acusaciones de obstrucción, la judicialización de conflictos internos y la lentitud extrema en la emisión de informes provocaron un daño profundo: la ciudadanía dejó de percibir a la Cámara de Cuentas como un ente técnico y autónomo, y comenzó a verla como un espacio de disputas personales y cálculos políticos.

 

Durante esos cuatro años, el país fue testigo de:

a)      Auditorías cuasi inexistentes y las realizadas, con retardos en publicarse.

b)      Informes engavetados o sin consecuencias prácticas.

c)      Exceso de “coordinación” con el Ministerio Público.

d)      Falta de pedagogía institucional sobre el alcance de los hallazgos.

e)      Uso reactivo, y no estratégico, de las atribuciones constitucionales.

 

El resultado fue devastador: la fiscalización perdió fuerza simbólica, y el mensaje implícito fue peligroso (que el control puede esperar, que la rendición de cuentas no es prioritaria, que la vigilancia del gasto público es negociable).

 

Pero los desaciertos no se detienen, la conformación del nuevo Pleno para el período 2024-2028 se presentó como una oportunidad para recomponer la institucionalidad y restaurar la confianza ciudadana. Sin embargo, el proceso de selección estuvo rodeado de cuestionamientos que no pueden ignorarse.

 

La ciudadanía percibió un procedimiento más político que meritocrático, más opaco que deliberativo, más formal que sustantivo. A pesar de los discursos sobre transparencia, persistió la sensación de que el Congreso actuó bajo lógicas tradicionales: repartos, consensos cerrados y poca rendición de cuentas sobre los criterios reales de escogencia.

El problema no radica únicamente en los nombres designados, sino en lo que representan: una continuidad cultural. Una Cámara de Cuentas que parece concebida como un órgano administrativo más, y no como el verdadero guardián del patrimonio público.

Existe un problema de fondo; La Constitución dominicana no concibe a la Cámara de Cuentas como un ente decorativo ni subordinado. Le otorga autonomía funcional, administrativa y presupuestaria, así como la responsabilidad de ejercer el control externo de los recursos públicos (Artículo 248 de la Constitución).

 

Sin embargo, la práctica demuestra que muchos de sus miembros desconocen o no asumen la magnitud de ese poder. No se trata de un poder político partidario, sino de un poder institucional capaz de:

 

a)      Incidir directamente en la lucha contra la corrupción.

b)      Fortalecer la transparencia del Estado.

c)      Disuadir el mal uso de fondos públicos.

d)      Contribuir a la seguridad jurídica y a la confianza democrática.

 

Cuando el Pleno actúa con timidez, con temor al conflicto o con excesiva deferencia hacia otros poderes del Estado, renuncia (de hecho) a su rol constitucional. Y cuando eso ocurre, el daño no es interno: lo paga la sociedad entera.

 

Hay que movilizar la presión y vigilancia ciudadana. La Cámara de Cuentas no puede fortalecerse en el vacío. Su legitimidad depende, en gran medida, de la vigilancia activa de la ciudadanía, de los medios de comunicación, de la academia y de la sociedad civil organizada.

 

El ciudadano dominicano debe comprender que la rendición de cuentas no es un favor, sino un derecho. Que exigir auditorías oportunas, informes claros y consecuencias reales no es antipatriótico ni desestabilizador: es profundamente democrático.

 

Hoy más que nunca, se impone un llamado de atención colectivo. No basta con cambiar rostros cada cuatro años si la cultura institucional permanece intacta. La Cámara de Cuentas debe dejar de ser un órgano silencioso, temeroso o burocrático, y convertirse en lo que la Constitución quiso que fuera: un poder de control real, incómodo y respetado (Artículo 248 de la Constitución).

 

Si el Pleno de la Cámara no asume ese rol, la ciudadanía tiene la obligación moral de recordárselo. No es tiempo de bobadas, disque “OJO CIUDADANO”. Eso parece más una distracción que, un empoderamiento real para crear un plan de auditoria serio, contundente y alcanzable. Es obligatorio llamar atención de la cámara e interpelarla al cumplimiento de sus funciones.

 

Porque cuando el órgano que debe vigilar falla, lo que está en juego no es solo el presupuesto público, sino la confianza en la democracia misma.

 

Pero imagínense, que puede saber este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de la transparencia y control externo del estado.

 

Los que saben, que hagan su trabajo.

 

Hablamos ahorita.

 

 

S. M. Shephard