Cuando El Poder Gobierna Para Pocos

¿Para quién se gobierna realmente?

Es simple y brutal. Esa es la pregunta que arde en las calles, en los barrios, en los campos, en las escuelas de derecho y en los hogares dominicanos.

Hay una herida abierta que atraviesa la República Dominicana de hoy. No es una herida nueva, pero sí cada vez más profunda. Es la fractura entre el discurso democrático y la práctica real del poder; entre una Constitución que proclama dignidad, igualdad y soberanía popular, y una realidad donde los gobiernos parecen haber decidido gobernar para los ricos, dejando al pueblo a la intemperie de la desigualdad, la desesperanza, el entretenimiento demagógico con nimiedades proselitistas y el olvido.

Cuando los dirigentes políticos convierten el Estado en un administrador de privilegios, la democracia deja de ser una promesa colectiva y se transforma en un negocio privado. Se legisla para el capital concentrado, se gobierna para las élites económicas, se privilegia con pensiones jugosas, se negocia el futuro nacional en mesas cerradas donde el pueblo no tiene silla ni voz.

Mientras tanto, el ciudadano común enfrenta salarios insuficientes, servicios públicos precarios, un sistema de salud que excluye, trabas para los emprendedores nacionales, una educación que no emancipa y una justicia que parece llegar tarde (o no llegar) cuando el poderoso está de por medio. ¿Será que somos un estado capturado por intereses?

 Esto no es un accidente. Es una decisión política.

Los artículos 4 al 7 de la Constitución dominicana no son poesía jurídica ni adornos simbólicos. Son un mandato claro y vinculante. La Carta Magna establece que el gobierno de la Nación es civil, republicano, democrático y representativo, basado en la separación e independencia de los poderes públicos, con funcionarios responsables que no pueden delegar ni traicionar sus atribuciones.

Más aún, el artículo 5 es contundente: la Constitución se fundamenta en el respeto a la dignidad humana y es la norma suprema del Estado. Todo acto que la contradiga es nulo de pleno derecho. Entonces surge la gran contradicción de nuestro tiempo:

¿Cómo puede llamarse democrático un Estado que tolera la exclusión social?

¿Cómo puede hablarse de dignidad humana cuando el desarrollo beneficia a pocos y condena a muchos?

¿Cómo puede invocarse la legalidad cuando los poderes públicos se subordinan a intereses económicos?

 ¿Es que en cada accionar de los gobernantes afiliada a ese entorno constituye una defraudación a nuestro pacto constitucional?

 La República Dominicana se define constitucionalmente como un Estado Social y Democrático de Derecho. Esto significa que el Estado no es un espectador neutral, sino un garante activo de derechos, un instrumento de justicia social, un escudo frente a la desigualdad.

 Pero cuando el presupuesto público se orienta más a rescatar privilegios que a garantizar derechos; cuando se enfocan más los legados personales que los proyectos de nación; cuando el trabajo pierde valor frente a la especulación; cuando la soberanía popular se reduce a votar cada cuatro años sin incidencia real en las decisiones, ese Estado social se vacía de contenido y se convierte en una etiqueta sin alma.

 La desesperanza no nace de la pobreza solamente. Nace de la sensación de abandono, de la certeza de que el sistema no está diseñado para servir al pueblo.

La historia enseña una verdad incómoda para el poder: ningún pueblo permanece dormido para siempre. Cuando la Constitución es ignorada por quienes juraron defenderla, el ciudadano no solo tiene derecho a cuestionar, tiene el deber de hacerlo. Es más, cada lector debe correr y memorizar la estrofa número III del himno nacional dominicano.

Hoy, la revolución no se expresa únicamente en barricadas, sino en la conciencia crítica, en la exigencia ética, en la vigilancia activa del poder, en la defensa firme del orden constitucional en teclados y redes a la ausencia de plumas y tintas. Es revolucionario recordarles a los gobernantes que el poder no les pertenece, que emana del pueblo y debe servir al bien común.

 Un gobierno que gobierna solo para los ricos pierde su razón de ser. Un Estado que olvida la dignidad humana erosiona su legitimidad. Y una democracia que no escucha al pueblo camina, tarde o temprano, hacia su propia crisis.

 La Constitución dominicana no pide obediencia ciega; exige compromiso, justicia y responsabilidad. El pueblo no pide caridad; exige derechos.

La nación no necesita salvadores; necesita gobernantes que entiendan que sin pueblo no hay República, y sin Constitución no hay democracia.

 El silencio ciudadano es el mayor aliado del abuso. La conciencia constitucional, en cambio, es el inicio de toda transformación verdadera.

 Pero imagínense, que puede saber este ignoto samanes, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de Macroeconomía, Microeconomía, Crecimiento y Desarrollo social de un estado que, en su carta magna dice que es Social y Democrático de Derecho.

 

Los que saben de eso, que hagan su trabajo.

 

Hablamos ahorita.

 

 

S. M. Shephard