El Congreso Dominicano: Cuando la Ignorancia Legisla.

La República Dominicana atraviesa uno de los momentos más contradictorios de su historia democrática. Nunca antes habíamos tenido tantas leyes, tantas reformas, tantos préstamos internacionales aprobados a vapor y tantos debates legislativos. Sin embargo, pocas veces el Congreso Nacional había transmitido una sensación tan profunda de improvisación.

 

El año 2026 quedará registrado como uno de los períodos de mayor intensidad legislativa. Se aprobaron con carácter de urgencia reformas de enorme impacto nacional, entre ellas la reforma fiscal (Sin plan de reducción del gasto corriente del gobierno), modificaciones a la legislación sobre residuos sólidos y nuevos contratos de préstamos internacionales por miles de millones de pesos. Paralelamente, volvió a la palestra pública, el fracaso de la aprobación definitiva del nuevo Código Penal, una pieza normativa que el país espera desde hace más de dos décadas.

 

Más allá de las posiciones políticas, estos acontecimientos dejan una pregunta inevitable:

 

¿Quiénes están escribiendo las leyes de la República?

 

La respuesta debería preocuparnos a todos.

 

Hace algunos meses sostuve que el verdadero fallo de la Nación dominicana se encontraba en los artículos 79 y 82 de la Constitución, los cuales establecen requisitos mínimos para ser senador o diputado: edad, ciudadanía y residencia. (https://labibliotecadesamuel.blogspot.com/2025/10/he-aqui-el-fallo-de-nacion.html)

 

 

Nada más.

 

La Constitución exige títulos universitarios para ejercer profesiones que afectan a una sola persona: médicos, ingenieros, contadores, arquitectos, psicólogos y abogados deben acreditar formación especializada para desempeñar sus funciones.

 

Sin embargo, paradójicamente, para ejercer la función más trascendental del Estado (crear las leyes que gobiernan a más de once millones de dominicanos y seis millones de migrantes) no se exige absolutamente ninguna preparación jurídica.

 

Ese vacío constitucional ha terminado convirtiéndose en un problema institucional. No resulta razonable que en pleno siglo XXI una nación permita que personas sin formación en Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Técnica Legislativa o Teoría General del Estado decidan sobre materias cuya interpretación afecta libertades fundamentales, inversiones nacionales, seguridad jurídica, estabilidad económica y derechos humanos.

 

Legislar no consiste únicamente en levantar una mano para votar. Legislar implica comprender principios constitucionales, jerarquía normativa, control de constitucionalidad, seguridad jurídica, técnica legislativa, interpretación sistemática, efectos presupuestarios, impacto regulatorio y responsabilidad internacional del Estado.

Quien desconoce estos conceptos difícilmente puede evaluar la calidad técnica de un proyecto de ley.

 

Los hechos recientes parecen demostrarlo.

 

Ø  Las discusiones sobre la reforma fiscal estuvieron marcadas por cuestionamientos acerca de su alcance técnico y social.

 

Ø  La revisión de la Ley de Residuos Sólidos volvió a evidenciar deficiencias de coherencia normativa.

 

Ø  Los préstamos públicos continúan aprobándose bajo procedimientos de urgencia que reducen el tiempo para un análisis profundo.

 

Ø  Y el Código Penal, quizás la legislación más importante después de la Constitución, sigue atrapado entre errores técnicos, observaciones jurídicas, inconstitucionalidades, desacuerdos políticos y sucesivos fracasos legislativos.

 

No se trata de un problema ideológico.

 

Es un problema de capacidad institucional.

 

Ø  Ningún ciudadano aceptaría que una cirugía cardiovascular fuera realizada por una persona sin título de medicina.

 

Ø  Ningún empresario confiaría una auditoría financiera a alguien que nunca estudió contabilidad.

 

Ø  Nadie permitiría que un puente fuera diseñado por quien jamás cursó ingeniería.

 

¿Por qué, entonces, aceptamos con absoluta normalidad que quienes redactan las leyes de toda la República carezcan de formación jurídica?

 

La explicación suele ser la misma: "para eso existen asesores".

 

Precisamente ese argumento confirma el problema. Si el legislador depende completamente del criterio de terceros para comprender aquello que vota, entonces quien realmente está legislando no es el representante elegido por el pueblo, sino el asesor que redactó el informe. La representación democrática no puede convertirse en una delegación absoluta del conocimiento técnico. Los asesores fortalecen la función legislativa; nunca deben sustituir la competencia intelectual del legislador.

 

Por ello, ha llegado el momento de discutir una reforma constitucional seria. No para restringir la democracia. No para excluir al ciudadano. Sino para elevar la calidad institucional del Congreso Nacional.

 

Así como la Constitución exige condiciones especiales para integrar altas cortes, dirigir organismos constitucionales o ejercer determinadas profesiones, también debería exigir que quienes elaboran las leyes posean formación profesional en Derecho o, al menos, acrediten una preparación jurídica especializada suficiente para comprender la complejidad de la función legislativa.

 

La democracia no se debilita cuando exige competencia. Se fortalece.

 

Representar al pueblo implica mucho más que ganar una elección. Implica estar preparado para proteger la Constitución, comprender el ordenamiento jurídico y legislar pensando en las próximas generaciones, no en las próximas elecciones.

 

La República Dominicana necesita congresistas que no solo sepan hacer política. Necesita legisladores que sepan hacer leyes. Mientras el país continúe permitiendo que la improvisación sustituya al conocimiento técnico, seguiremos viendo códigos que no se aprueban, reformas cuestionadas, leyes contradictorias y decisiones tomadas con más criterio político que rigor jurídico.

 

El siglo XXI exige un Congreso del conocimiento. No de la improvisación. Porque cuando la ignorancia legisla, toda la Nación termina pagando las consecuencias.

 

Pero imagínense, que puede saber este ignoto, estudiante de derecho y cocolo come coco, acerca de derecho constitucional, Representación ciudadana digna, Postura de nación y separación de poderes.

 

Los que saben, que hagan su trabajo.

 

 

Hablamos ahorita.

 

 

Samuel Mercedes Shephard


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